Si ante la llegada de los huracanes a las costas mexicanas el Presidente de la República tarda de cuatro a seis días en reaccionar y enviar a su equipo de colaboradores para que se integren, ya no a la prevención sino al rescate de personas y la reconstrucción de las ciudades puertos, cuando se trata de tragedias provocadas por miembros del crimen organizado, el narcotráfico o la clase política mezclada con los dos primeros, la reacción del Gobierno Federal puede tardar semanas, meses y hasta años en darse.

Es cosa curiosa, a veces el Poder Ejecutivo Nacional asume el federalismo con rigurosidad, por ejemplo, anteponiendo un respeto a la autonomía y la soberanía de los estados para no inmiscuirse en temas delicados, no atraer investigaciones al fuero federal, o no auxiliar con recursos a estados y municipios quebrados en términos financieros debido a pocas participaciones federales, a muchas deudas y a malas administraciones.

Pero en otros casos el federalismo es solo discurso o letra muerta en papel, por ejemplo cuando el Gobierno Federal no permite que los gobiernos de Estados y municipios inviertan los recursos de las participaciones federales en las necesidades que se detectan en el ámbito local, sino que los etiqueta para ser ejercidos para el cumplimiento de los programas federales. O cuando decide desde el centro del país, subir cinco por ciento el IVA a toda la frontera, y uno por ciento al resto del país, porque eso dice, debe ser.

O sea para el gobierno central –ahora en poder del PRI pero antes en el del PAN- el respeto a las decisiones autónomas y soberanas en los estados, es cuando les conviene, y cuando no, pues no.

Viene al caso porque vaya, tardar un año en reaccionar al ambiente de inseguridad inminente que se vivía y se vive en Guerrero, es no tener ni compromiso, ni obligación, ni compasión, con quienes en aquel estado viven, a quienes Enrique Peña les pidió el voto, pero a quienes no ha salvaguardado de la barbarie en la que viven gracias al narcotráfico, el crimen organizado y la clase política y gobernante, mezcladas con las dos primeras.

Pero podría pasarse que no actuaran hace un año; que en efecto los servicios de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no hayan detectado la bomba antes de la explosión, y que las Fuerzas Armadas no emitieran una alerta sobre lo que en Guerrero se estaba cocinando, o que hayan ignorado todas las ejecuciones que ya pronosticaban una violencia cruenta en crecimiento –en los primeros 19 meses de gobierno de Enrique Peña, de 36 mil 718 ejecuciones en el País, Guerrero ocupaba el segundo lugar con 3 mil 301 ejecuciones, solo antecedido por el Estado de México-, pero que, conscientemente las autoridades federales dejasen pasar diez días para decidir entrar a investigar los hechos violentos que concluyeron con la masacre de normalistas, la desaparición de más de 40 de ellos, y la exhumación de 27 cadáveres de fosas ilícitas entre los cuales se encuentran presuntamente 17 de los normalistas desaparecidos, es un acto de omisión gubernamental inaceptable.

Fue hasta antier 6 de octubre que el Presidente Peña decidió enviar al Procurador General de la República y a elementos de la Gendarmería, para actuar en las investigaciones y la prevención de más actos violentos, además de desarmar a la Policía de Iguala, la corporación sospechosa de actuar contra los estudiantes, contra los ciudadanos guerrerenses, bajo las órdenes no solo de las cúpulas policíacas y políticas evidentemente corrompidas, sino acatando órdenes del crimen organizado.

La barbarie que se ha visto en otros estados donde se detectan ejecuciones sumarias, Tamaulipas con migrantes secuestrados y ejecutados, Estado de México con fusilamientos, Michoacán con linchamientos, Sinaloa y Baja California en el pasado en una guerra de cárteles del narco y Chihuahua también producto del narcotráfico, no ha servido de ejemplo al gobierno federal –a éste y al anterior- para elaborar análisis que permitan identificar los focos rojos, instaurar programas de prevención efectiva y que impere el Estado de Derecho sobre el narcoestado, el crimen organizado o el terrorismo del narcotráfico.

El Gobierno Federal primero acusó al alcalde de Iguala, hoy una identificada fichita que se les va de las manos, luego desviaron la atención hacia la organización criminal Guerreros Unidos, después hacia el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y al final, cuando las atrocidades cometidas contra los normalistas ya eran del todo conocidas incluso con fotografías sangrientas, en muchas partes del mundo, entonces sí Peña y sus Secretarios toman las regiones en conflicto de Guerrero.

Argumentar que la Federación no puede entrar al rescate de zonas, la investigación de crímenes y la prevención de delitos a partir de la presencia de la autoridad, es cuestión de cuándo conviene y cuáles son los costos políticos. Cuando en el cenit de la inseguridad y la ingobernabilidad en Michoacán, el Presidente envió a Alfredo Castillo, no consideró que estuviese violando la autonomía y la soberanía del Estado, pero la verdad es que el apodado “Virrey” sí estaba prácticamente dictando las políticas públicas en materia de inseguridad, lo cual se supone, corresponde a las autoridades locales.

Al no hacer nada, y de hecho minimizar la sangrienta situación del Estado de México, iniciando investigaciones contra otras autoridades que no sean las estatales, la Federación encubre a quien el Presidente dejó en el Gobierno local, Eruviel Ávila.

Al tomar regiones de Guerrero, diez días después de los hechos terribles donde fueron sofocados fatalmente estudiantes, la Federación exhibe la ingobernabilidad en aquel estado dirigido por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.

La atracción de las investigaciones del fuero común hacia el federal, es algo que igual se ejerce a conveniencia. Tan solo por el calibre de las armas utilizadas, por el móvil del narcotráfico y el crimen organizado, podrían atraerse los casos con la colaboración de los estados, que aprovecharían para aligerar el rezago en las investigaciones ministeriales, pero ello no sucede a menos que interese al gobierno federal, o cuando ya la situación es para romper el cristal que contiene el extinguidor en caso de emergencia.

Los Gendarmes por ejemplo llegaron a Baja California sin la venia del Gobernador del Estado, sin la notificación al alcalde de Tijuana, y convertidos más en una policía turística, de relumbrón y atracción, pero enviarlos a Guerrero supuso más análisis al momento de tomar la decisión, hasta reaccionar a destiempo y capitalizar una situación de violencia extrema.

El federalismo en este país es una cuestión de conveniencia e intereses, incluso en los casos de Guerrero y de Michoacán, no se actuó de manera oportuna ni viendo que se atentaba contra la seguridad nacional al impedir no solo el desarrollo de las comunidades, sino el crecimiento, la paz y la tranquilidad, así como el derecho a una vida digna y segura.

Ahí le van los focos rojos. Los diez estados de la República con el mayor número de ejecuciones del primero al décimo: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Distrito Federal, Tamaulipas, Baja California y Nuevo León ¿Cuál sigue?

Se respeta el federalismo para no actuar en materia de inseguridad, pero se manipula el federalismo para actuar en materia financiera, política y administrativa. ¿No?

Adela Navarro Bello

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